\u00a01.- Su car\u00e1cter obligatorio<\/strong><\/p>\n Ya en su exposici\u00f3n de motivos, el nuevo texto legal<\/strong> declara que la contrataci\u00f3n p\u00fablica electr\u00f3nica es obligatoria, <\/strong>y realiza una decidida apuesta \u201cen favor de la contrataci\u00f3n \u00a0electr\u00f3nica<\/em><\/strong>, estableci\u00e9ndola como obligatoria<\/strong> en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en \u00e9l, desde su entrada en vigor anticip\u00e1ndose, por tanto, a los plazos previstos a nivel comunitario\u201d<\/em>.<\/p>\n La LCSP establece la obligatoriedad en el uso de los medios electr\u00f3nicos, inform\u00e1ticos y telem\u00e1ticos: la presentaci\u00f3n de ofertas y solicitudes de participaci\u00f3n as\u00ed como las notificaciones y comunicaciones en la tramitaci\u00f3n de procedimientos de adjudicaci\u00f3n son electr\u00f3nicos. Ello implica que estamos ante una contrataci\u00f3n electr\u00f3nica integral.<\/p>\n La ley en estudio regula este uso de acuerdo a las normas y requisitos espec\u00edficos recogidos en las disposiciones adicionales decimosexta y decimos\u00e9ptima; preceptos que tambi\u00e9n establecen una serie de excepciones a dicha obligaci\u00f3n, tal como veremos m\u00e1s adelante.<\/p>\n 2.- Antecedentes:<\/strong><\/p>\n La Ley tiene por objeto regular \u201ccontrataci\u00f3n del sector p\u00fablico, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminaci\u00f3n e igualdad de trato entre los licitadores;<\/strong> y de asegurar, en conexi\u00f3n con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilizaci\u00f3n de los fondos destinados a la realizaci\u00f3n de obras, la adquisici\u00f3n de bienes y la contrataci\u00f3n de servicios mediante la exigencia de la definici\u00f3n previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selecci\u00f3n de la oferta econ\u00f3micamente m\u00e1s ventajosa\u201d<\/em> (Art. 1 LCSP).<\/p>\n El art\u00edculo pr\u00e1cticamente reitera, en este primer p\u00e1rrafo, salvo por la denominaci\u00f3n de licitadores en vez de candidatos, el mismo texto del TRLCSP.<\/p>\n El objeto de la Ley no alude directamente a la contrataci\u00f3n p\u00fablica electr\u00f3nica<\/strong>, pero s\u00ed lo hace a trav\u00e9s<\/strong> de los principios de publicidad, transparencia, igualdad de trato y no discriminaci\u00f3n<\/strong>. En este sentido, los\u00a0 \u00f3rganos de contrataci\u00f3n dar\u00e1n a los licitadores un tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustar\u00e1n su actuaci\u00f3n a los principios de transparencia y proporcionalidad (Art. 132.1 LCSP).<\/p>\n Como antecedente directo de estos principios generales aplicables a la contrataci\u00f3n debemos citar a la Ley 19\/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informaci\u00f3n p\u00fablica y buen gobierno<\/strong>, que establece la obligaci\u00f3n de informar a trav\u00e9s del Portal de Transparencia (en formatos electr\u00f3nicos de acuerdo con los principios de accesibilidad, interoperabilidad y reutilizaci\u00f3n) \u00a0de \u201ctodos los contratos<\/em><\/strong>, con indicaci\u00f3n del objeto, duraci\u00f3n, el importe de licitaci\u00f3n y de adjudicaci\u00f3n, el procedimiento utilizado para su celebraci\u00f3n, los instrumentos a trav\u00e9s de los que, en su caso, se ha publicitado, el n\u00famero de licitadores participantes en el procedimiento\u00a0 y la identidad del adjudicatario, as\u00ed como las modificaciones del contrato. Igualmente ser\u00e1n objeto de publicaci\u00f3n las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicaci\u00f3n de la informaci\u00f3n relativa a los contratos menores podr\u00e1 realizarse trimestralmente\u201d<\/em> (Art.\u00a0 8.1.a). Sin duda el cumplimiento del principio de transparencia, con los extremos indicados en la legislaci\u00f3n aplicable en la materia, requiere de una gesti\u00f3n electr\u00f3nica de la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n Como antecedentes a la tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica debemos citar a las Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (LPAC) y <\/strong>\u00a040\/2015, de 1 de octubre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (LRJSP).<\/strong><\/p>\n La primera de ellas, en su Exposici\u00f3n de Motivos, resalta que \u201cen el entorno actual, la tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica no puede ser todav\u00eda una forma especial de gesti\u00f3n de los procedimientos sino que debe constituir la actuaci\u00f3n habitual de las Administraciones<\/strong>. Porque una Administraci\u00f3n sin papel basada en un funcionamiento \u00edntegramente electr\u00f3nico no s\u00f3lo sirve mejor a los principios de eficacia y eficiencia, al ahorrar costes a ciudadanos y empresas, sino que tambi\u00e9n refuerza las garant\u00edas de los interesados. En efecto, la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electr\u00f3nico facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer informaci\u00f3n puntual, \u00e1gil y actualizada a los interesados<\/strong><\/em>\u201d.<\/p>\n La LPAC <\/strong>en concreto regula los sistemas de identificaci\u00f3n y firma electr\u00f3nica<\/strong> (arts. 9-11) y la representaci\u00f3n del interesado y los registros electr\u00f3nicos de apoderamientos<\/strong> (arts. 5 y 6), los registros electr\u00f3nicos<\/strong> (art. 16), los archivos de documentos<\/strong> (art. 17), la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong> (arts. 41-43), el expediente administrativo electr\u00f3nico<\/strong> (art. 70 LPAC) y la tramitaci\u00f3n electr\u00f3nica del procedimiento<\/strong> (T\u00edtulo IV).<\/p>\n Por su parte la Ley de R\u00e9gimen Jur\u00eddico del Sector P\u00fablico (LRJSP)<\/strong>, dispone en su art\u00edculo 3.2 que las Administraciones P\u00fablicas \u201cse relacionar\u00e1n entre s\u00ed y con sus \u00f3rganos, organismos p\u00fablicos y entidades vinculados o dependientes a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas <\/em><\/strong>por cada una de ellas, garantizar\u00e1n la protecci\u00f3n de los datos de car\u00e1cter personal, y facilitar\u00e1n preferentemente la prestaci\u00f3n conjunta de servicios a los interesados\u201d. <\/em>A estos efectos debe tenerse en cuenta la seguridad del sistema de transmisi\u00f3n de datos entre Administraciones P\u00fablicas (art. 155), el cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI) y del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) (art. 156), la reutilizaci\u00f3n de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administraci\u00f3n (art. 157) y la transferencia de tecnolog\u00eda entre Administraciones, garantizando su compatibilidad inform\u00e1tica e interconexi\u00f3n (art. 158).<\/p>\n Finalmente debemos recordar que la LRJSP<\/strong> recoge en su articulado la sede electr\u00f3nica y portal de interne<\/strong>t (arts. 3826 y 3927, respectivamente), los sistemas de identificaci\u00f3n y firma de las Administraciones P\u00fablicas y de la actuaci\u00f3n administrativa automatizada<\/strong> (arts. 40-43), el intercambio electr\u00f3nico de datos en entornos cerrados de comunicaci\u00f3n<\/strong> (art. 44), el aseguramiento e interoperabilidad de la firma electr\u00f3nica<\/strong> (art. 45) y el archivo electr\u00f3nico de documentos<\/strong> (art. 46).<\/p>\n
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