Una invitación a navegar por el Derecho Público
El año nuevo siempre trae ilusiones renovadas y nuevos proyectos, y este blog es uno de ellos.
Mi propuesta es invitarte a navegar por el mar del Derecho Público, entre el Derecho Administrativo y el Derecho de las Telecomunicaciones y de las Nuevas Tecnologías, especialidades de gran trascendencia para el desarrollo de la Sociedad y del Estado, y donde bebe las aguas mi vida académica y profesional.
Como ya lo manifestara el profesor Eduardo García de Enterría de forma brillante, como todo lo que hacía, en su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa en la Universidad Carlos III de Madrid: “El Derecho Público y el Administrativo, en particular, no son ciencias “de adorno”, como se decía de ciertas enseñanzas en los antiguos colegios de señoritas. No son tampoco fruto de un simple esfuerzo de comprensión de la realidad; son un instrumento insoslayable para construir esa realidad misma, precisamente.(…) Para nuestro ideal actual de un Estado de Derecho, donde los derechos humanos sean respetados y constituyan la base del sistema, donde la libertad y la autoridad no se enfrenten y se destruyan recíprocamente, sino que se entrecrucen en un todo armonioso sólo el “imperio de la Ley, expresión de la voluntad general” (en los términos del Preámbulo de nuestra Constitución) puede ofrecer la solución. El Derecho Público ha elevado así en varias potencias su significación como un medio inexcusable de la articulación social y política. El Derecho Público no sólo regula la situación de los distintos sujetos en el sistema político y social, sino que sólo a través suyo el poder público puede desenvolverse y gobernar” (…).
(…) El Derecho Público no es un Derecho simplemente regimentador, “sino instrumento de la libertad y de la justicia, como valores éticos insustituibles para la vida colectiva de los hombres”. Por su parte, las Nuevas Tecnologías, de la mano de las Telecomunicaciones, surcan de manera transversal nuestro día a día en la Sociedad de la Información, en la que es impensable imaginar un mundo sin Internet y sin disponer de todos los servicios que derivan de las redes electrónicas.
La aplicación de las Nuevas Tecnologías en el ámbito de las Administraciones Públicas se ha convertido en un motor fundamental para el cambio y la innovación de procesos y servicios públicos hacia una Administración Pública digital. Se ha incorporado el derecho, y en algunos casos el deber, de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública, lo que implica estar ante un nuevo modelo de Administración con adaptaciones funcionales y organizacionales que favorezcan el cumplimiento de los principios de transparencia y objetividad de la actuación administrativa, de eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, de eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y de accesibilidad a los servicios públicos electrónicos. La consecución de estos principios derivan en una mejora en la cooperación, colaboración, coordinación, comunicación y el intercambio de información entre administraciones, en el ahorro de costes en la tramitación de los diferentes procedimientos administrativos, en la calidad de los servicios prestados y en el consiguiente nivel de satisfacción de los destinatarios de los mismos, así como en la simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.
Administración electrónica, e-government, participación ciudadana, open data y gobierno abierto, contratación pública electrónica, accesibilidad electrónica, portal de transparencia, perfil del contratante, protección de datos, agenda digital, ciberseguridad… serán algunos de los temas que abordaremos y analizaremos en este espacio virtual, junto al resto de instituciones del Derecho Administrativo que, en los próximos meses, presenten cambios que sean dignos de reseñar.
Dejamos el mar del 2017 para adentrarnos en el 2018 con grandes novedades legislativas en estas áreas del Derecho. Entre las más importantes encontramos la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que entrará en vigor el 9 de marzo, la reforma de la Ley de la Corporación de RTVE, la del sector de la estiba, la de la Ley de Propiedad Intelectual, la modificación de la Salud del Deportista y la aprobación del proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal, por nombrar algunas.
En el transcurso de este año esperamos que las “olas” del Congreso y de la Jurisprudencia nos deparen más modificaciones a nuestro marco jurídico con incidencia en la regulación sectorial. En principio contamos con la entrada en vigor, el 25 de mayo, del Reglamento General de Protección de Datos; con el vencimiento del plazo, el 2 de octubre, para que todas las Administraciones Públicas cuenten con el registro electrónico de apoderamientos; el registro electrónico, el registro de empleados públicos habilitados, el punto de acceso general electrónico de la Administración y el archivo único electrónico; con la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la Ley de Patrimonio Natural; con la futura tramitación de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria; con la publicación de las conclusiones de la Comisión para la modernización del Estado Autonómico; y, previsiblemente, con la reforma de la Ley de Régimen Electoral, entre otras.
Nos subimos al barco y salimos a navegar por el Derecho Administrativo y las Nuevas Tecnologías… ¡Sujetaos bien que vienen vientos de cambio!